El Ministerio de Ambiente analiza el Estudio de Impacto Ambiental de la obra que tomaría agua del Río de la Plata; consorcio espera comenzar trabajos en los próximos meses.
Estos datos se desprenden del estudio de impacto ambiental que presentó el Consorcio Aguas de Montevideo, ganador de la licitación del Proyecto Arazatí, ante el Ministerio de Ambiente, a fines de diciembre pasado. Los datos están disponibles online en el Observatorio Ambiental Nacional, de la misma cartera, publicó el periodista Agustín Magallanes en diario El País.
Arazatí prevé la captación de hasta 300.000 m3 por día de agua bruta del Río de la Plata, en la zona de playa Arazatí (San José). En las inmediaciones, se instalaría la obra de toma, con dos tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) de unos 1.600 metros de longitud y 1.600 milímetros de diámetro cada una, “enterradas por debajo del lecho del Río de la Plata”.
También una estación de bombeo de agua bruta (EBAB); una reserva de agua bruta (RAB o Polder); una planta de tratamiento de agua potable (PTAP); y un monorrelleno, para la disposición de lodos de la planta de potabilización.
El proyecto incluye una tubería que atraviesa las rutas 1 y 5, y el área protegida Humedales del Santa Lucía, por donde se trasladará el agua tratada hasta Montevideo. Un primer tramo, de 72,6 kilómetros, desde la PTAP al recalque Melilla, en el oeste de la capital. Y otra tubería, de 7,6 kilómetros, desde dicho recalque a tanques de OSE en Cuchilla Pereira, al norte de Montevideo, que cruzará las vías del Ferrocarril Central.
La obra se enclavará principalmente en el departamento de San José. El informe presentado en diciembre -elaborado por CSI Seinco– prevé la expropiación de estas 450,2 hectáreas, pertenecientes a 24 padrones (23 en el departamento de San José y uno de Montevideo). Todas las expropiaciones serían parciales, salvo en cuatro padrones (483, 14.301, 16.809 y 17.200), que se prevén totales.
“La expropiación de terrenos por parte de OSE implica la pérdida total o parcial del predio por parte de los propietarios, quienes podrán ver afectada la actividad o uso actual de cada uno”, puntualizó uno de los dos informes, que suman más de 500 páginas.
“De las expropiaciones proyectadas a priori, solo en el 15.977 se afectará una vivienda/construcción. Todas refieren a predios de uso productivo, especialmente, agricultura por su índice de productividad”, acota el informe.
Para el caso de la “faja de servidumbre de acueducto y/o paso”, por donde pasará la tubería, supondría un total de 118 padrones, ocupando un área de 78 hectáreas. “Siempre que sea posible, los trazados se ubican en fajas públicas”, puntualizó el relevamiento.
Fuentes del consorcio de la obra y el Ministerio de Ambiente coincidieron en que el porcentaje de tierra a utilizar para esta obra es “acorde” a lo previsto en el proyecto durante los últimos meses. Se proyectó destinar US$ 4,3 millones para expropiaciones y servidumbre en esta obra, informó el exdirector de OSE, Edgardo Ortuño, en agosto pasado.
Fuentes del Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las firmas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil, indicaron que trabajan a contrarreloj para empezar lo antes posible la obra.
Lo cierto es que primero deberán contar con la autorización ambiental, que exige el estudio de impacto ya presentado, e incluye audiencias públicas, antes de llegar a la resolución ministerial, final.
En paralelo, las empresas deberán firmar un contrato con OSE -que estiman concretar a fines de mayo y comienzos de junio-, y aprobar el Proyecto Ejecutivo. Por la obra, si bien tiene un costo de US$ 295 millones, el Estado uruguayo pagará a lo largo de 17,5 años unas tres veces más, llegando a unos US$ 900 millones, por la modalidad de financiamiento elegida, que no aumenta el déficit fiscal.
La diferencia entre el costo y el pago final está vinculado al riesgo que asume el privado de construir y financiar el proyecto, que luego cobra por disponibilidad. La obra se prevé iniciar antes de mediados de año, y se extendería por 30 meses. / Fuente: El País
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