Fiscalía comenzó ayer a tomar declaraciones por el caso de la funeraria del diputado Bacigalupe y la sospecha de privilegios de parte de la ISJ al no aplicarle las correspondientes sanciones por atrasos en el pago de los convenios firmados para saldar deudas por concepto de tasa de inhumación.
De acuerdo a lo informado este jueves por el diario Primera hora, quien compareció en la pasada jornada fue el Cr. Gerardo Gadea, integrante de la Dirección de Hacienda del gobierno departamental.
Gadea declaró en calidad de testigo, en el marco de la actuaciones para establecer si hubo o no abuso de funciones y si Bacigalupe se vio beneficiado por su vinculación política con el Ejecutivo.
Según el diario, el fiscal preguntó al contador si recibió alguna orden de jerarcas de la ISJ para dar trato preferencial a Bacigalupe, lo que respondió en forma negativa.
El contador también fue consultado sobre las dudas que surgieron en la comisión investigadora conformada en el ámbito de la Junta sobre la falta de control de los certificados de BPS y DGI.
La investigadora no logró información contundente sobre la razón social de la empresa de diputado y constató que la ISJ contrató a firmas que actuaron como subsidiarias, considerándolas un mismo grupo económico.
Gadea respondió que la Intendencia solicita los certificados para contratar servicios a los proveedores, pero los mismos no se requieren para firmar acuerdos de pago.
Aseguró, además, que cuando hay incumplimientos en los convenios, los casos son derivados al Área Jurídica.
- Lee también: Hermana de Bacigalupe no descarta iniciar acciones