Firmaron una misiva dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, rechazando esta megaoperación.
La posible compra de tres frigoríficos más por parte del grupo Minerva tiene en alerta a toda la cadena cárnica y a dirigentes políticos de todos los partidos. En las últimas horas más de 2.200 productores firmaron una misiva dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, rechazando esta megaoperación.
«La amenaza inminente de Minerva Foods y la necesidad de proteger a nuestro sector«. Así se titula la petición que unos 2.240 productores y trabajadores de la industria cárnica firmaron para que el gobierno de Luis Lacalle Pou impida la compra de más frigoríficos en Uruguay por parte de esa multinacional de capitales extranjeros.
«Los abajo firmantes somos productores ganaderos de todo el país y estamos muy preocupados por la noticia, tras conocerse la firme intención de Minerva de comprar los frigoríficos Colonia, La Caballada de Salto e Inaler, del grupo Marfrig», agrega el documento.
El gigante brasileño ya tiene en su poder las plantas BPU, Canelones, Carrasco y PUL. Si la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia autoriza esta megacompra, Minerva pasaría a controlar el 50% del mercado de faena bovina.
Los productores advierten que serán ellos la variable de ajuste del mercado ya que el capital de Minerva Foods le permitirá manejar a su antojo los precios del ganado.
«Cualquier centavo de rebaja en el kilo de carne significará millones de dólares de ganancia adicional para el operador. Minerva tiene cuatro plantas con capacidad de faena ociosa y realiza varias paradas rotativas al año, enviado a sus trabajadores al seguro de paro», sostienen.
En la misiva los productores preguntan por qué, dado este escenario, quieren tres plantas más.
«La respuesta parece ser clara, se procura limitar aún más la competencia de mercado adquiriendo una posición de dominio que somete al productor y anula su ya reducida capacidad de negociación», agrega el texto.
Los productores se basan en el ejercicio del derecho de petición que reconocen los artículos 30 y 318 de la Constitución Nacional, que le permite solicitar al Poder Ejecutivo tomar cartas en el asunto y definir criterios que impidan, de acuerdo a la normativa vigente, que se verifique una concentración de relevancia económica y social que implicará un grave perjuicio a la producción ganadera nacional. / Fuente: Telenoche