Lo comunicó con una carta. La obra costará US$ 50 millones más que lo anunciado por Lacalle Pou y se hará en San José.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, envió una carta al presidente de OSE, Raúl Montero, en la que señaló que su oficina no autorizó a la empresa pública a aumentar los costos del proyecto Neptuno.
Esa decisión fue tomada por el directorio de OSE a fines de febrero –en el momento en que aprobaron los pliegos de la licitación–, a partir de un pedido del gerente general Arturo Castagnino para que el proyecto fuera “más conveniente”.
Los cambios significaron que la planta pasara a producir más agua potable por día, que tuviera una reserva de agua bruta (pólder) más grande, y que las tuberías sean de mejor calidad.
Las tres modificaciones elevaron los costos de US$ 210 millones a US$ 258,7 millones, y provocaron tensiones en la interna del oficialismo debido a que el monto estaba por fuera de la autorización de gastos que había aprobado la OPP.
Aunque la discusión parecía saldada con la aprobación, las diferencias continúan, ya que OSE está revisando los pliegos a partir de “sugerencias y observaciones” del MEF y la OPP.
Esto, junto al pedido de algunas empresas que están interesadas en participar, motivó que OSE postergara un mes la licitación, pero también derivó en una solicitud de rectificación por parte de Alfie, tal como informó Búsqueda y confirmó El Observador.
El pedido fue realizado mediante una carta al presidente de OSE, Raúl Montero, que está fechada el 31 de marzo, y que señala que en una reunión los técnicos de la empresa pública dijeron que la OPP había autorizado ese incremento.
“Expresaron que, por sobre el cálculo base de costo, de US$ 210 millones (incluyendo leyes sociales) se ‘permitía’ aumentarla en hasta 30%. En base a ello, se presentó una nueva estimación de inversión, superior a los US$ 250 millones –un 20% superior a la planteada–”, escribió y consideró que se trataba de un “doble error”.
El jerarca explicó las razones por las que la oficina que dirige no había autorizado los incrementos y recordó que las inversiones se coordinaban, por lo que mal podía “realizarse una interpretación como la formulada” ante lo cual le solicitaba que en la “próxima reunión” se dejara constancia del “error de interpretación”.
Alfie pidió menos ventaja
La iniciativa fue presentada por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) en octubre de 2020 bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo”. Prevé construir una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José.
El directorio de OSE aprobó que tenga una preferencia de 12% en la licitación, un porcentaje mayor que el que había pedido Alfie.
En un correo enviado al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en noviembre del año pasado, el director de la OPP señaló que dado el monto de la obra –que en ese momento era de US$ 210 millones– el margen de preferencia para la iniciativa privada debía ajustarse en un “rango sesgado hacia valores sobre el límite inferior que la ley establece”.
La ley 17.555 del gobierno de Jorge Batlle estableció que los promotores de las iniciativas privadas tendrán una preferencia en las licitaciones que podrá ser de entre 5% y 20% de acuerdo a lo que defina la administración. Los promotores también tienen la posibilidad de solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta si el Ejecutivo elige a otro consorcio.
La inversión será realizada por los privados, que se encargarán del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura.
OSE estará a cargo de la operación y pagará durante 18 años una cuota fija de más de alrededor de US$ 41 millones anuales.
Rechazaron recursos
La semana pasada, con votos de los integrantes oficialistas, el directorio de OSE rechazó los recursos contra el proyecto que habían sido presentados por la Intendencia de Montevideo y la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose).
En una anterior sesión, la empresa pública había resuelto levantar el efecto suspensivo de otros recursos, impuestos en este caso por Ffose y la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, contra la resolución que aprobó el pliego de condiciones y dispuso el llamado a licitación de la obra. / Fuente: El Observador