Fue presentado en San José este martes.
Con la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Mónica Botero, se realizó en la mañana de este martes en el Espacio Cultural la presentación del Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia 2022-2024.
De acuerdo a lo informado por la jerarca, el mismo fue elaborado por integrantes de las 17 instituciones que forman parte del Consejo Consultivo por una Vida Libre de VIolencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos, las referentes de género de cada una de las Intendencia a través del Congreso Nacional de Intendentes y representantes de la sociedad civil.
Botero dijo que uno de los principales objetivos del plan es “mejorar el acceso a la justicia” y, en ese sentido, “aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre la forma en que puede denunciar, obtener una respuesta o ser acompañado legalmente”.
En la misma línea señaló que la tarea a encarar hará especial énfasis “en las zonas rurales, donde la llegada de los servicios vinculados a esta temática es más débil”.
Paralelamente señaló que integrar al sistema educativo la prevención en violencia, es otro de los cometidos buscados. Para ello, indicó que actualmente se lleva a cabo una consultoría en coordinación con la ANEP.
Del mismo modo se buscará dar continuidad a la campaña “Noviazgos libres de violencia” que en las seis ediciones en que se ha realizado ha llegado a unos 80.000 jóvenes de todo el país.
Botero informó que otro campo de acción estará dirigido a buscar mecanismos que permitan disminuir la violencia hacia las mujeres en las redes sociales. “Hoy el mundo digital es un lugar de socialización como cualquier otro, mucho más que la plaza. Pero eso son también lugares donde se ejerce violencia, muchas veces valiéndose del anonimato o de que no se está cara a cara con la otra persona”, explicó.
Al respecto, y en la “búsqueda de una respuesta” la presidenta de INMUJERES indicó que -para generar insumos- actualmente se hace el seguimiento de las cuentas de Twitter de 180 mujeres públicas, para evaluar el nivel de violencia que reciben.
