«Se torna imposible» aseguró su asesor jurídico.
Ante el pedido de “conciliación” que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y el gobierno, el sindicato respondió este lunes que no existirá la posibilidad de “entablar” esa instancia porque tiene “efectos suspensivos” sobre el tratamiento de la queja que presentaron con el respaldo de la Internacional de la Educación.
“Como Federación lo hemos descartado, en virtud del proceso de persecución político-sindical por parte de distintas instituciones del Estado uruguayo que se ha profundizado”, dijo en conferencia de prensa el presidente de FENAPES, José Olivera.
Para el sindicalista, esto obedece a una “política sistemática” que se hace desde el gobierno, desde distintas instituciones tanto del ámbito educativo como parlamentario y desde el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el asesor jurídico de FENAPES, Daniel Parrilla, indicó que en la respuesta, que enviarán esta semana a la OIT, explicarán por qué no aceptan la instancia de conciliación que aprobó recomendar el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
“Esa conciliación se torna imposible de realizar por la gravedad de los hechos denunciados en la queja, pero además porque se han ido suscitando situaciones de naturaleza antisindical. Agradecemos el ofrecimiento, pero señalaremos el contexto de los episodios denunciados en la queja”, expresó.
En el escrito que presentó FENAPES a la OIT denunció “una conducción política” de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “tendiente a reprimir la libertad sindical”. En ese marco, señaló cinco casos concretos, entre ellos, la “represión antisindical con amenazas de despidos” contra docentes del liceo 1 por el “ejercicio de actividades de naturaleza sindical”, en alusión a los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma” en 2019.
Los profesores que posaron en esa foto fueron sumariados con separación de cargo y retención de 50% de sus haberes y, previo a fin de año, se dio a conocer que tres de ellos habían sido notificados por la División de Jurídica de la DGES de que se pide su destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo. / La Diaria