Bentaberri de acuerdo con ajustar norma sobre declaraciones.
La Intendencia envió una nota al embajador de Uruguay en China, Juan Fernando Lugris, solicitándole «alguna gestión» ante el gobierno de ese país en busca de asegurar el pago de los despidos de los ex trabajadores de Lifan.
Así lo dijo este sábado la titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri, tras participar del acto por el Día de los Policías Caídos en Cumplimiento del Deber en la Escuela Departamental de Policía.
«Lo que le solicitamos fue si puede hacer alguna gestión ante el gobierno de China para tratar de cerrar esta etapa y que los funcionarios cobren. No es justo que al hecho de quedarse sin trabajo deba sumarle la incertidumbre de no saber cuándo se les va a pagar», dijo la intendenta.
En este marco, Bentaberri se mostró molesta por la forma en la que representantes de la empresa le comunicaron oficialmente al gobierno de San José su salida del país.
Según contó, fue en una reunión «de 5 minutos, que no me aportó mayores datos» porque la situación ya había sido dada a conocer a través de los medios de comunicación varios días antes.
«Lifan se sienta en mi despacho 5 minutos a decirme que se van del país. Si hay una declaración de interés (departamental) la empresa lo primero que tiene que hacer es decir ‘mire intendente que nos encontramos en esta situación y queremos ver cómo viabilizamos el cierre’. (…) Si lo hubiéramos sabido un poco antes tal vez esta incertidumbre que existe no se habría producido», opinó.
«El funcionario fue muy amable y no le quito valor a su disposición de venir al despacho, pero me parece que debió existir más cercanía», enfatizó.
Por otra parte, también se mostró contrariada por el hecho de que se le haya dicho que con los trabajadores «estaba todo solucionado» cuando en una conversación posterior con el ministro de Trabajo, Pablo Mires, pudo confirmar que eso no era así. «Y creo que al día de hoy no tienen nada resuelto», añadió.
En función de este caso, la jefa comunal dijo estar de acuerdo con ajustar la normativa que determina la forma en la que una empresa puede recibir el beneficio de ser declarada de interés departamental.
Durante la semana hubo varias voces que se expresaron en ese sentido -y cuestionando la política de radicación de empresas- como las del diputado (s) Gonzalo Geribón (PN), el diputado Nicolás Mesa (FA) y el edil (s) Heber Figuerola (FA).
«Estoy de acuerdo con que algo hay que modificar. Buscar elementos que den más seguridad. Pero en eso de ‘mirar con lupa’ como se dijo durante la semana debe ser de todos, del Ejecutivo y de la Junta», enfatizó.
«Creo que si afinamos el lápiz podemos encontrarle la forma. Algo posiblemente esté fallando. Si nosotros les damos exoneraciones deberían hacer una devolución real al departamento, darle seguridad a los funcionarios y seguridad a los funcionarios para que, si por algún motivo la empresa cae, que tengan algo de qué agarrarse», concluyó.