Fue recibida por la bancada de ediles del FA.
Integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida fueron recibidos este sábado en la Junta Departamental por la bancada de ediles del Frente Amplio, en el marco del análisis que viene realizando sobre el denominado «Proyecto Neptuno» que prevé la instalación de una toma de agua entre Arazatí y Boca del Cufré para abastecer la zona metropolitana.
Carmen Sosa, integrante de la Comisión, dijo que «de la forma en la que se encaró» el proyecto es «absolutamente inconstitucional» ya que fue elaborado y sería gestionado por actores privados.
En ese sentido, Sosa recordó que en el 2004, la llamada «reforma del agua» elevó a rango constitucional que el agua y el saneamiento deben ser gestionados únicamente por entes públicos estatales -«o sea, debe estar en manos de OSE que es el único prestador de agua»- y que, además, cualquier iniciativa vinculada a los recursos hídricos deben contar «necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía».
Al respecto, señaló que los ámbitos de participación disponibles son los Consejos Regionales y las Comisiones de Cuenca: «Este proyecto no pasó por ninguno de estos lugares, que es donde los vecinos pueden hacer sus planteamientos» enfatizó.
Por otra parte, cuestionó que tanto el Ministerio de Ambiente como OSE lo cataloguen como «secreto». «No puede ser secreto algo que tiene que estar en manos de la ciudadanía. O sea, es inconstitucional por donde se lo mire«, insistió.
Consultada sobre si la Comisión se encamina a presentar un recurso de inconstitucionalidad, Sosa dijo esperar «no tener que llegar a eso. Todos queremos tener agua suficiente y de calidad. Esperemos que no sea necesario«, reiteró.
Como contra partida, dijo que lo que correspondería sería que el proyecto fuera elevado al Consejo Regional que abarca el río de la Plata y el litoral marítimo y que, desde allí, se convoque al Consejo de Cuenca correspondiente para dar a conocer el proyecto y que la población pueda opinar.
«Hay muchas dudas. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué costo tiene? ¿Quién lo va a pagar? Porque se habla de cifras que van desde los 150 a los 300 millones de dólares ¿Lo va a pagar la gente con las tarifas? ¿En qué manos va a quedar? Algo con tamañas interrogantes no puede seguir adelante», concluyó.