En general, fue por unanimidad.
El Frente Amplio, que había presentado un informe en minoría, no acompañó los artículos 1° y 6°.
Como contrapartida, insistió en la necesidad de que las actualizaciones fueran por Índice Medio de Salarios y no por IPC –a los efectos de atender las dificultades económicas que atraviesa buena parte de la población- y que tanto las exoneraciones como los beneficios a los buenos pagadores fueran escalonados, según la cantidad de propiedades del contribuyente.
El debate en torno a este punto se centró en torno a la posibilidad de que la Intendencia cuente con un Registro de Contribuyentes que le proporcione información detallada que le permita, eventualmente, en el futuro, implementar un mecanismo de esas características.
A tales efectos, y a través de una minuta de comunicación presentada por el Frente Amplio, se sugirió a la comuna que disponga «de los recursos y acciones necesarias para poner en funcionamiento» ese registro y, de esa forma, «mejorar los mecanismos de información que dispone el gobierno departamental”:
La minuta tenían otros tres puntos, que no contaron con el respaldo del oficialismo: para futuros planes, tener «un tratamiento diferenciado de los contribuyentes según su capacidad contributiva, beneficiando a los sectores con mayor vulnerabilidad económica y social», «adoptar mecanismos de beneficios graduales aplicando el criterio de tributación progresiva, donde pague más quien más tiene y menos los que menos tienen» y “modificar la variable de actualización del valor del tributo, pasando del IPC al ISE (Índice de Salario Real) ya que «representa el salario real de los trabajadores ajustado por inflación, por tanto (…) la capacidad adquisitiva real de los trabadores y su capacidad de pago real».
¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN?
El plan de facilidades, abarca “los tributos territoriales urbanos, suburbanos y rurales e impuestos Ley 12.700 así como todos los demás tributos, a excepción de los impuestos vehiculares, que recuda esta intendencia, vencidos al 31 de diciembre del 202”, según determina el proyecto.
Para ello se plantean dos opciones, una al contado y la otra en cuotas.
Quienes quieran ponerse al día pagando al contado deberán abonar lo adeudado “dentro de los 60 días de promulgado” el decreto.
El tributo se actualizará por IPC “desde su vencimiento hasta el penúltimo mes anterior a la promulgación, más una multa por mora del 5% del tributo“. Como contrapartida, se exonerará el pago de recargos.
Mientras tanto, quienes opten por hacerlo en cuotas, podrán efectuarlo “hasta en 60 cuotas mensuales y consecutivas, debiendo abonar la primera al contado en el momento de suscribir el convenio”.
El monto a abonar resultará de “actualizar el tributo por la variación de IPC desde su vencimiento hasta el penúltimo mes anterior a la promulgación, más una multa por mora del 5% el tributo, exonerándose de los recargos”.
El valor de las cuotas, en tanto, surgirá de “la cantidad de cuotas solicitadas por el contribuyente, más la actualización que corresponda por la variación de IPC producida en el penúltimo mes anterior a la promulgación y el penúltimo mes anterior a la fecha de pago de cada cuota, venciendo la primea el último día hábil del mes próximo a la firma del convenio”.
El decreto indica que el convenio caducará “por el atraso en más de dos de su cuotas” y “por el atraso de las obligaciones corrientes en más de dos vencimientos”.
La suscripción del convenio dejará “en suspenso” las acciones judiciales que la Intendencia pudiera haber iniciado.
BUENOS PAGADORES
El decreto también contempla la situación de los contribuyentes que se encuentren al día
Según indica, “gozarán de una bonificación por un monto equivalente al 50% del importe de la cuota siguiente a la promulgación” del decreto.
Esto “si en el momento de la aplicación se mantiene al día. “En caso de haber abonado todo el ejercicio, el beneficio se torrará para el próximo ejercicio”.
RENUNCIA
De acuerdo a lo señalado durante la sesión por el edil Danilo Vasallo, presidente de la Comisión de Presupuesto, el plan significará para la Intendencia una renuncia a ingresos por un monto de 12 a 15 millones de pesos uruguayos.