Una iniciativa del edil Manuel Larrea, pretende resolver el problema de los reintegros de gastos.
Como se sabe, los ediles son honorarios. Sin embargo, salvo en Lavalleja, en el resto de los departamentos, los Legislativos han implementado distintos mecanismos para que los ediles perciban un ingreso, que por lo general tienen la forma de reintegro de gastos -como en San José- o compensaciones.
Se trata de un tema que con frecuencia despierta polémica. El reintegro que se paga en San José ha sido sistemáticamente observado por el Tribunal de Cuentas pero cuando el asunto pasa a la Asamblea General, la misma no se expide, por lo que se produce una «aprobación tácita» del pago.
Anoche, y con el fin de intentar resolver el problema, y no solamente en San José sino en todo el país, el edil del Partido Nacional, Manuel Larrea, presentó una moción urgente -que fue votada por unanimidad- mediante la cual se solicita a la Asamblea General la aprobación de una ley interpretativa del inciso primero del artículo 295 de la Constitución.
En su propuesta, Larrea remarca que, de acuerdo a la Real Academia Española, el término «honorario» es «dicho de un titulo o de un cargo. Que se tiene con los honores pero sin las responsabilidades y funciones efectivas que conlleva».
Sin embargo, Larrea subrayó que el edil «cumple una función fundamenta en la democracia, no exenta de responsabilidades».
Por otra parte, enfatizó que «la imposibilidad de percibir compensación alguna limita la posibilidad de (que) todas la persona pueda postularse para la función» así como también que «percibir una compensación» por un servicio que se presta «es un derecho también reconocido constitucionalmente».
Por todo ello, Larrea planteó que esa ley interpretativa quede redactada de la siguiente manera: «Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y Juntas Locales serán honorarios. No obstante ello, los cargos electivos podrán percibir los reintegros o compensaciones que cada Junta Departamental determine«.
El edil elevó su planteo no solo a la Asamblea General, si no también al resto de las Juntas y el Congreso Nacional de Ediles, en busca de su respaldo.