Lo afirmó este sábado en San José, el abogado Dr. Alberto Casalas, asesor legal de distintos sindicatos integrantes del PIT-CNT.
Casalas participó de un conversatorio sobre la ley de urgente consideración llevado a cabo en el local del SIFAN, organizado por la Asociación de Profesores de San José y la Intersocial local.
“Uruguay se ha colocado, con esta norma, en situación de incumplimiento de patos internacionales en materia de derechos civiles, como lo son los de libertad de reunión y expresión”, afirmó.
Esto, en función de los cambios que la LUC introduce a la ley de procedimiento policial, autorizando el uso de la fuerza para dejar sin efecto ocupaciones u otras movilizaciones de similares características.
Casalas dijo que la “legalización de la intervención policial directa” en los conflictos, en los hechos ya existe y señaló que una muestra de ello es que los sindicatos ha optado en los últimos tiempos más por los piquetes que por las ocupaciones, al haberse recortado las posibilidad de implementar esta modalidad de protesta.
“Esta ley seguramente terminará regulando el comportamiento de los distintos actores sociales, es decir, Estado, empresarios y trabajadores, y estos últimos seguramente van a tener que volver a adaptar sus movilizaciones a esta nueva realidad, en la que el empresario directamente puede pedir la intervención policial”, subrayó. “Seguramente todo este asunto va a generar mucho debate en los próximos tiempos”, aventuró.
Del conversatorio también fue parte el académico de la Universidad de la República, Agustín Cano, quien afirmo que la ley “es integralmente mala, porque es un proyecto”.
A su entender, representa “una visión de conjunto” que “trata de condensar un programa de gobierno en 500 artículos, algunos de ellos muy regresivos”, sentenció.
Con respecto a los referidos a la Educación en particular, Cano dijo que la LUC no contribuye “a resolver ninguno de los problemas que tiene el sistema educativo porque no está diseñada para eso” si no para “cambiar sus características con una vocación refundacional”.
“Procura pasar de un sistema público, autónomo y coordinado a otro mixto, público, privado en competencia, procurando que crezcan las instituciones privadas en materia de atribuciones, representación y poder político, muy por encima incluso de la matrícula que tienen, abriendo también mecanismos de transferencia de fondos púbicos al sector privado”, advirtió.
Para el académico, en estos aspectos, va a “contracorriente de las características de la institucionalidad educativa construida en el país desde fines del siglo 19, y va a generar efectos negativos en la relación que hay entre la Educación y una sociedad más igualitaria”.
Culminado el conversatorio, se desarrolló una marcha desde el local del SIFAM hasta la Plaza Independencia, donde los participantes continuaron intercambiando en torno a la norma, en función de la incipiente intención de promover un referéndum contra la normativa, promulgada ayer viernes por el presidente Lacalle Pou.
