La iniciativa no contó con los votos necesarios para ser incorporada al Orden del Día, motivo por el cual no pudo ser tratada por la Junta Departamental.
Las bancadas de ediles del Sumate y del Frente Amplio no levantaron sus manos; solamente lo hicieron los cinco representantes aliancistas.
La intención de Alianza era exponer su disconformidad con la manera en la que el presidente de la Junta, Juan Martín Álvarez, había resuelto desvincular al Dr. Germán Sfeir como asesor legal del Legislativo para el caso del comportamiento de la Intendencia con respecto a las deudas de la funeraria del diputado Ruben Bacigalupe.
Días pasados, y luego de casi dos años de trabajo de una comisión investigadora conformada en el ámbito de la Junta -que decidió elevar lo actuado a la Justicia- la Fiscalía dispuso su archivo.
En declaraciones radiales Sfeir consideró apresurada esa decisión. Horas después, y por medio de un correo -que Sfeir hizo público- Álvarez le comunicó su desvinculación de la Junta.
El presidente del deliberativo, sin embargo, dijo que se trató de un hecho casual y que nada tuvo que ver que el profesional se hubiera expresado públicamente sobre el caso. De todas formas, dijo que si la Junta decide solicitar el desarchivo del mismo, Sfeir no volverá a ser contratado.
Anoche, al justificar el voto contrario del Frente Amplio al tratamiento de la moción de Alianza, el edil Pablo García dijo que no es resorte del plenario abordar el asunto porque la decisión de contratar un asesor legal es facultad del presidente.
Por otra parte recordó que cuando se debatió la modificación presupuestal, la coalición de izquierda planteó la necesidad de la Junta de crear un cargo de asesor legal. «Decíamos en aquel entonces que así como tenemos un Contador, la Junta necesita un abogado» teniendo en cuenta los gastos que le ha implicado el mecanismo de contratación vigente.
«Pero el Partido Nacional entendió que no, que no era necesario, Y eso por eso que hoy en día nos encontramos en bretes como este. Por decisión pura y exclusiva del Partido Nacional que históricamente ha gobernado la Junta» subrayó.
Asimismo, Garcia dijo que el Frente Amplio «decidió no entrar en el fuego cruzado» del Partido Nacional ya que, en su opinión, el asunto también tiene relación con las diferencias que existente entre el Sumate y Alianza. «Entendemos que la campaña electoral se medió dentro de la Junta, y que los temas internos, el Partido Nacional los tiene que resolver en calle Vidal», en alusión a la Casa del Partido Nacional.
Desde Alianza, la edila Susana Gásperi, una de las firmantes de la moción, lamentó que su agrupación no haya podido expresarse.
«Consideramos que hay cosas que se han hecho mal. Se han tomado decisiones apresuradas, para las que no se nos ha tenido en cuenta. Como vicepresidenta (de la Junta) se nos ha ignorado a pesar de la Mesa está compuesta por un presidente y dos vicepresidentas. Consideramos que teníamos razones para estar desconformes y queríamos plantear el tema para poder manifestar porqué teníamos una visión distinta» explicó.
Finalizada la sesión, Gásperi denunció, además, que el presidente del Legislativo le «escondió» información a Alianza, ya que recién ayer los ediles del sector pudieron acceder al informe elaborado pro Sfeir una vez que Fiscalía archivó el caso.
Tal apreciación fue rechazada por Álvarez quien dijo que el informe estuvo siempre a disposición de todos los ediles desde el mismo momento en que fue recibido por el deliberativo, el 5 de diciembre.
«No lo habrán tenido porque no habrán estado por la Junta. Pero el informe estaba. Además ellos tienen relación directa con el Dr. Sfeir» remarcó Álvarez, en alusión a la sintonía del profesional con Alianza.
DESARCHIVO. La posibilidad de que la Junta solicite a la Justicia el desarchivo del caso, será analizado el próximo jueves por la Presidencia del cuerpo y los coordinadores de bancada, para que en fecha a definir y en sesión extraordinaria, el plenario adopte una decisión.
A fin de contar con un nuevo insumo, la Presidencia solicitó un informe al Estudio Podestá de Montevideo, que ya trabaja con la Junta en el caso que enfrenta a la corporación con la taquígrafa Ana Valerio.
En ese informe se concluye que «un nuevo reexamen del caso -cualquiera fuera el Fiscal actuante- tendría el mismo resultado» y que «cabe más que la duda razonable del que el reexamen del caso por otra Fiscalía arroje luz, (e) identifique conductas pasibles de reproche penal».