Un reclamo de los funcionarios de la Junta impidió este lunes que el deliberativo debatiera sobre las Rendiciones de Cuentas de la ISJ de los años 2015 y 2016.
Fue una derivación del caso de los salarios vacacionales mal liquidados durante los últimos 20 años, que fue denunciado por el FA a fines de diciembre.
Los mismos se estuvieron abonando tomando en cuenta el salario básico de los trabajadores y no el nominal, como lo establece la norma vigente.
Negociaciones encaradas desde la Presidencia habían permitido encaminar un acuerdo por el cual los trabajadores reclamarían tres años en lugar de los cinco que las ley les permite.
De esa forma, los casi $ 3.000.000 que se les adeudaba se redujeron a menos de 1 millón y medio. La idea del Presidente Vasallo, que ya contaba con el respaldo del Tribunal de Cuentas, era saldar ese monto el viernes.
Sin embargo, durante los contactos «saltó» otra deuda: presentimos y asiduidad no habían sido tenidos en cuenta para el cálculo de esos salarios, durante igual lapso.
El hecho motivó que en el transcurso de los últimos días el Tribunal solicitara un informe con respecto a la situación.
Desde la Secretaría General esto fue comunicado al Frente, que poco antes de la sesión respondió que, entonces, se expediría una vez que lo hiciera el TCR en el entendido de que lo mejor era solucionar todo el «paquete» de deudas.
Con los funcionarios enterados de la postura del FA, y cuando se estaba por dar paso al capítulo Informes de Comisión, el edil Juan Martín Álvarez (PN) solicitó un cuarto intermedio de media hora.
Durante ese tiempo, los trabajadores se reunieron con los ediles de la coalición de izquierda, quienes les ratificaron su visión sobre el tema.
Pasados los treinta minutos, el Presidente Vasallo llamó a sala para retomar la sesión, pero los funcionarios no volvieron.
Al constatar la situación, el titular del Legislativo en acuerdo con algunos curules del Sumate resolvieron levantar la reunión, ante la ausencia de funcionarios, lo que imposibilitaba la continuidad.
Nada impide a Presidencia pagar lo adeudado por el cálculo erróneo inicial; sin embargo considera que debe existir el aval político de toda la corporación para proceder.
Para elaborar el informe solicitado por el Tribunal, el deliberativo contratará al abogado Dr. Federico Diana, según se informó.
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