Lo afirmó la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida ratificó su rechazo al Proyecto Neptuno, que prevé la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer al área metropolitana.
En un comunicado, la Comisión dijo ser «consciente» de «la gravedad de las insuficiencias en la resolución de los problemas de agua potable y de saneamiento y la urgente necesidad que tiene Uruguay en resolverlos».
No obstante ello, considera que es una «falsa solución» a los «graves problemas» existentes.
Asimismo, entiende que la «habilitación del proceso del Proyecto Neptuno se basa en una errónea interpretación de la Constitución (…) en la cual se habilita la gestión privada del agua potable y el saneamiento». En ese sentido, indica que la carta magna es «clara y no admite interpretaciones» ya que «desde el 31 de octubre de 2004 con el triunfo de la Reforma Constitucional del Agua la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento debe ser exclusivamente publica y con participación social. La gestión privada del agua es inconstitucional», enfatiza.
Por otra parte, afirma que el Proyecto «será financiado con la tarifa» y cuestiona su emplazamiento en Arazatí que, en su opinión, «no garantiza calidad ni condiciones permanente de potabilización durante todo el año».
Para la Comisión, todo «el proceso de aprobación del Proyecto Neptuno es inconstitucional» porque «ha estado marcado por el ocultamiento de la información, bajo la premisa del secreto empresarial, y al ausencia de instancias de participación. (…) No llamar a la participación es inconstitucional», insiste.
«Poro todos estos elementos rechazamos este nuevo embate privatizador sobre la gestión del agua en Uruguay y reclamamos una amplia discusión para la búsqueda de alternativas», concluye el comunicado.