Investigadores policiales suponen que dos guardias fueron sorprendidos y reducidos mientras se encontraban sentados en una mesa ubicada en la pieza de entrada de la casa.
El primero de ellos recibió un disparo en la cabeza, el segundo dos y un tercer infante de marina, que dormía en una pieza cercana, sufrió tres disparos: uno en el pecho, otro en el abdomen y un tercero en una mano. Se despertó y trató de defenderse.
El sistema de guardia de la vieja antena lleva a que dos infantes estén despiertos mientras uno de ellos descansa. Las guardias son rotativas.
Se presume que los homicidas fueron por lo menos dos, ya que atacaron en forma simultánea a los efectivos. En el lugar se encontraron por lo menos seis vainas. En las autopsias se sabrá si los asesinos dispararon más tiros o no. Se especula que utilizaron armas automáticas.
Las líneas de investigación policiales de las muertes de los infantes de marina son tres.
Estas son: un aviso narco por las recientes incautaciones realizadas en “bocas” de drogas ubicadas en Pajas Blancas, Cerro y Malvín Norte y la decisión del gobierno de combatir al micro crimen; el robo de las tres pistolas Glocks con sus correspondientes cargadores para armarse o venderlas en Brasil y algún problema generado por un miembro de la Armada que se fue de baja o molesto. También sustrajeron un viejo handy.
Inclusive se manejó la posibilidad de que un incidente con un bote inflable, ocurrido hace pocos días, podía estar relacionado con el crimen de Juan Manuel Escobar (22), Alex Guillenea (25) y Alan Rodríguez (31).
Sin embargo, ello se descartó porque la aparición del inflable con chalecos en la zona estaba vinculada al robo de chatarra de barcos de Fripur y no a buques de la Armada. Y la guardia que atrapó el bote no era la misma que la asesinada ayer.
La escena del triple asesinato de los jóvenes fue descubierta por sus propios compañeros. A las 8 de la mañana, quienes se dirigían a hacer el relevo de la guardia notaron que en la gaceta no había personal y entonces, según indicaron fuentes policiales, comenzaron a tirar piedras para ver si aparecía alguien.
Pero, como no había señales de sus compañeros, decidieron bajar hacia la gaceta y luego caminar hasta la cabaña. Fue ahí que uno de ellos se acercó a una de las ventanas y pudo ver dos cuerpos con sangre tirados en el suelo. En ese momento se dio aviso a los superiores y luego se llamó a la Policía.
La última vez que habían visto a los soldados había sido a las 20 horas del día anterior, cuando fueron trasladados a la cabaña donde fueron asesinados para comenzar su guardia de 48 horas.
Al conocerse la noticia, varios vehículos policiales y de la Armada comenzaron a subir hasta el punto más alto de la capital. Así lo hicieron también el ministro de Defensa Javier García, el ministro del Interior Jorge Larrañaga y la fiscal de Homicidios de 2° Turno, Mirta Morales.
García también indicó que “hubo alguna señal, alguna amenaza meses atrás” de que podía haber algún robo. Por eso, explicó, es que se había reforzado la guardia y había tres marinos.
La fiscal Mirta Morales, a cargo del caso, dijo que “falta mucho todavía” en referencia a la investigación y que no iba a “manejar hipótesis” pero que no descartaba ninguna. Y pidió «calma y tiempo porque es una escena compleja que requiere de una buena investigación».
Las filmaciones serán claves para ubicar a los autores del triple crimen.
El fiscal Diego Pérez, que investiga el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas ocurrido el 9 de mayo de este año, sostuvo que los autores de “este cobarde hecho” contaban con “información del lugar” donde montaban guardia los funcionarios. “Eso nos lleva a otra situación particularmente grave de cómo puede salir información de ese tipo”, dijo.
Y agregó: “También nos lleva a un comentario de la fiscal (Mónica) Ferrero sobre las dificultades que enfrentamos al momento de investigar a organizaciones delictivas de este tipo que tienen la capacidad logística de llevar a cabo estas atrocidades”.
Pérez señaló que hay profesionales, que son funcionarios de organismos del Estado que combaten al tráfico de drogas, y en su actividad privada asesoran a traficantes. “Ese tema se tiene que plantear y analizar”, afirmó / El País.