La ley de inclusión financiera dice que los proveedores y comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no pueden ofrecer un monto menor si se paga en efectivo.
El proyecto de ley de urgente consideración incluye desde ayer un artículo que va contra un aspecto de la ley de inclusión financiera. De aprobarse, se deroga un artículo hasta ahora vigente que prohíbe hacer descuentos a los comerciantes para los pagos en efectivo, según explicó el senador por el Partido Nacional Jorge Gandini en el programa Informativo Carve.
En la Ley de inclusión financiera n° 19.210 se especifica que los proveedores y comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no pueden ofrecer un monto menor si se paga en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona tiene la opción de pagar en efectivo o mediante pago de tarjeta o dinero electrónico, el monto a abonar en metálico no puede ser menor a los otros medios.
Además, en la ley que se aprobó en 2014 se establece que «cualquier promoción que ofrezca beneficios, monetarios o no, a los consumidores» para el pago en efectivo, «deberá extenderse a los pagos realizados con tarjeta de débito o con instrumento de dinero electrónico».
«En los comercios se pueden comprar con descuentos con tarjetas de crédito o débito» hoy en día, agregó el senador. Luego, sobre el vínculo entre los comerciantes y las entidades financieras dijo que con el cambio «quedará en el libre juego de las partes» qué suceda.
El proyecto de ley de urgente consideración sufrió varias modificaciones ayer lunes. Los senadores de la coalición multicolor y, que integran la comisión especial de la Cámara Alta para analizar el proyecto, acordaron retirar 35 artículos e incluir 330 sustitutivos, que implican «cambios formales».
Otro de los cambios que se hizo ayer fue en relación a la regulación de áreas protegidas en Uruguay. Gandini informó que ya no se pedirá el consentimiento al propietario para proteger esas áreas y «se introduce al gobierno departamental» en la decisión. «Hay preocupación por parte de propietarios de tierra de que se nombren áreas protegidas con un criterio tan amplio que se perjudican áreas productivas», agregó. / Fuente: El País