Sergio Pintado Otero dijo tener archivo que perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti, quien fue uno de los jefes del Servicio de Información y Defensa en la dictadura.
Según informó este domingo de noche el programa Séptimo día, de Teledoce, para entregar el archivo, Pintado Otero reclama que se le paguen haberes jubilatorios que, afirma, se le adeudan desde el año 2000.
El exmilitar ingresó al Ejército en 1980 y fue dado de baja en 1999. De acuerdo con su relato, al momento de su salida de las Fuerzas Armadas tenía el grado de alférez de reserva. Pintado Otero, hoy radicado en Paysandú, sostiene que solo alcanzó a cobrar su jubilación durante dos meses del año 2000, pero luego se le dejó de abonar.
Asegura que ha sido objeto de una persecución de años por la información que tiene en su poder. Según se dijo en el programa, la otra condición de Pintado Otero para entregar el archivo es que este se haga público.
Según el militar, el archivo está compuesto de carpetas y grabaciones, y contiene información sobre vuelos con prisioneros traídos de la Argentina en la dictadura y que hoy permanecen desaparecidos. Y también información sobre diversos sucesos ocurridos en el régimen militar y luego de la recuperación democrática.
Séptimo día emitió un video del abogado italiano Fabio Galiani, que representó a Uruguay en el juicio por el Plan Cóndor, en el cual señala que Pintado Otero tiene buena información sobre la dictadura y que es necesario tomar en cuenta su testimonio. A su vez señala que el Estado uruguayo debe hacerse del archivo que habría pertenecido a Rodríguez Buratti.
Galiani sostiene en su video, que el testimonio de Pintado Otero fue clave para que el excanciller Juan Carlos Blanco, hoy en prisión domiciliaria, fuera condenado por la muerte de Elena Quinteros. Y que fue este exmilitar quién dio los datos que permitieron ubicar en 2005 los restos del escribano Fernando Miranda, padre de Javier, presidente del Frente Amplio.
Rodríguez Buratti se suicidó en 2006, cuando iba a ser detenido para ser interrogado por el juez Luis Charles en la causa llamada del “segundo vuelo”, en la que otros integrantes del SID fueron condenados por 28 homicidios.
En 1999 Pintado Otero dijo al diario La República que había presenciado como el preso político Edmundo Dossetti, hasta ahora desaparecido, había sido ejecutado en 1982 y que sabía el lugar dónde fue sepultado.
La exfiscal Mirtha Guianze ha declarado que Pintado Otero no es una fuente confiable, lo que le ha valido una dura polémica con el abogado italiano Galiani.
También el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, cuestionó la validez de Pintado Otero como testigo. Según ha declarado Galiani “la relación con Toma empeoró» cuando pidió presentar al exsoldado como testigo en el juicio en Roma.
La Justicia italiana condenó en julio, en segunda instancia, a cadena perpetua a Tróccoli y otros 23 militares y funcionarios de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan de represión social coordinado entre las dictaduras de América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
El fallo del Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que había establecido ocho cadenas perpetuas pero absuelto a 19 imputados.
Tróccoli había sido uno de los absueltos, porque se entendía que los secuestros de los que estaba acusado habían prescripto, y no se habían podido comprobar los homicidios que se le adjudican.
El exmarino, de 69 años, fue el único acusado presente en el proceso ya que reside en Italia desde que se escapó de Uruguay en 2007. / El Observador
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