El presidente de la Comisión de Ordenamiento de la Junta Departamental, Pablo Garcia, consideró que la intención de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Plan de Ordenamiento Territorial, no afectará su aprobación en la Junta, el próximo lunes.
La iniciativa es promovida por los responsables de algunas de las salas bailables ubicadas en la zona de AFE que consideran que el Plan perjudica sus negocios, teniendo en cuenta que deberán adecuar los mismos en caso de querer mantenerse en esa área o, en su defecto, trasladarse.
García recordó que los empresarios tuvieron instancias de intercambio con el intendente Falero, sus equipos técnicos así como con la propia Comisión, ante la que también comparecieron los vecinos que se dicen afectados por su funcionamiento.
El edil señaló que en esos encuentros se les informó que además del plazo que les otorga el Plan para trasladarse -5 años a partir de su aprobación- podrán tener «tres o cuatro años más» con el solo hecho de mostrar la voluntad de hacerlo.
«O sea que si sumamos lo que establece la norma más ese plazo adicional, podrían estar teniendo por lo menos nueve años para hacerlo. Es un tiempo en el que perfectamente, pensamos, se puede recuperar cualquier inversión» que tengan que hacer para ello, afirmó.
De todas formas, García reconoció que «están en todo su derecho» de promover la acción y recurrir a la Suprema Corte de Justicia.
Las salas entienden que se les deben reconocer los «derechos adquiridos» por encontrarse en los lugares que ocupan desde hace ya varios años.
Señalan, para ello, que en el propio Plan se contemplan esos derechos a, por ejemplo, centros educativos o funerarias que se ubican en el centro de la ciudad, en el que no se permitirán nuevos emprendimientos de esas características.
«Yo no soy abogado, no puedo decir si tienen derechos adquiridos o no. Lo que claramente se puede apreciar es que no es lo mismo un centro educativo o una funeraria que una sala bailable, con todos los vectores que ellas generan», dijo el edil.
El Plan, a pedido de Alianza, se considerará el próximo lunes. Para García, esta acción de los empresarios no afectará su aprobación.
«Hay mucha gente que está esperando que se apruebe para poder realizar inversiones. Y nuestra fuerza política mira por la generalidad, no por las particularidades», subrayó.
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