Conocé los montos.
La Justicia condenó en primera instancia a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por «accionar abusivo» contra dos profesoras del Liceo 1 de San José y deberá retribuirle US$ 25.000 en total .
En total, son ocho los profesores de este centro de estudios que iniciaron un juicio contra la ANEP, según dijo el presidente la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), José Olivera, a El Observador.
La administración pública deberá pagarle US$ 18.000 a una de las profesoras y US$ 7.000 a otra.
En el caso de la docente que será mayormente remunerada, se trata de una trabajadora que recibió una sanción por participar en un acto en contra de la campaña Vivir sin miedo, que buscaba reformar la seguridad pública en 2019.
La Justicia dictaminó que su participación en el acto «No a la reforma, porque el miedo no es la forma» no se realizó ni en el lugar ni en el horario de trabajo. Por este motivo, «no es pasible de ser catalogada como ‘falta administrativa'», expresa una de las sentencias judiciales.
Con «el sumario con separación del cargo y retención de haberes, existió un exceso manifiesto en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración demandada», afirma el documento.
A la otra profesora se le realizó un sumario con separación del cargo y retención de medios sueldos, medida que la Justicia catalogó como «actuar abusivo».
Este caso se refiere a una foto de docentes en la vereda frente al citado liceo. La Justicia afirma que este hecho «no es un atentado a la laicidad» y que es «expresión libre del pensamiento» en «la vía pública».
Además señala que se violó el derecho de que una persona no puede ser «‘investigado dos veces por el mismo evento».
El sumario, que «no debió iniciarse», también le generó «escarnio del público por periodistas y en las denominadas redes sociales», según la sentencia.
Fenapes hizo una conferencia de prensa este viernes a razón de los dos fallos emitidos por distintos jueces y Olivera cuestionó que hubo «una articulación de parlamentarios de aquel oficialismo, de autoridades de la educación encabezados por Robert Silva y de algunos medios de comunicación para generar proceso de criminalización contra la organización sindical».
