El jerarca advierte que sin desarme no habrá cambios significativos en la violencia letal.
El Ministerio del Interior trabaja en un ambicioso plan de desarme civil, en respuesta a la creciente preocupación por la circulación de armas ilegales en Uruguay. Según cifras oficiales, de un millón de armas estimadas, solo 600.000 están registradas, lo que deja a más de 400.000 fuera del control estatal.
El ministro Carlos Negro compareció esta semana en el Parlamento y afirmó que la cartera “trabaja contrarreloj” en un proyecto de ley que será enviado en las próximas semanas. Aunque evitó utilizar el término “desarme” por considerarlo un eufemismo, advirtió que “sin un desarme no habrá cambios significativos” en los niveles de violencia.
Como parte de la estrategia, se prevé una campaña de entrega voluntaria de armas, además de modificaciones a la ley vigente para endurecer penas por tenencia y uso irregular.
Uno de los principales desafíos del plan es la falta de digitalización en los registros, muchos de los cuales todavía están en papel. Actualmente, el sistema es compartido por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, pero Negro busca concentrar el control total en su cartera.
Estudios internacionales citados por el Ministerio sostienen que, por cada arma registrada, hay al menos otra ilegal. Esta realidad aumenta la preocupación oficial y refuerza la urgencia del plan.
Aunque la idea del desarme civil no es nueva en Uruguay, los antecedentes como el programa “Armas para la Vida” de 2009 —que ofrecía Ceibalitas o bicicletas a cambio de armas— no tuvieron impacto significativo.
Esta vez, el gobierno promete una política de armas más firme y coordinada, buscando reducir la disponibilidad de armamento y, con ello, la violencia letal.
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