Ana Bentaberri fue la única que no firmó documento. Lo hicieron Bacigalupe, Battaglino, Diana, Umpiérrez, Lago y Camilo.
Candidatos la Intendencia de San José de distintos partidos emitieron una declaración conjunta en la que manifiestan su rechazo al proyecto Neptuno.
En un comunicado conjunto titulado «En defensa del agua, la tierra y la Constitución de la República» , candidatos a la Intendencia de San José manifestaron su «total compromiso con San José» y, en consecuencia, expresaron su «rechazo al Proyecto Neptuno-Arazatí en las condiciones planteadas al día de la fecha «.
La firma del documento tuvo lugar en el Instituto Cultural Español de San José, y contó con la participación de Rubén Bacigalupe (Partido Nacional), María Battaglino, Federico Diana y Ofelia Umpiérrez (Frente Amplio), Alfredo Lago (Partido Colorado) y Darío Camilo (Asamblea Popular).
Basándose en estudios de la Universidad de la República, los candidatos alertaron sobre los «graves perjuicios que significaría extraer agua en Arazatí», incluyendo «períodos de salinidad, floraciones, cianobacterias», el «ingreso irreversible al acuífero Raigón por construcción de un pódler», la «pérdida definitiva de tierras de las más productivas de Uruguay» y la pérdida de «cientos de trabajadores que perderían sus empleos».
También advirtieron que «el costo de la obra realizada por empresas privadas sería como mínimo 3 veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado».
Desde el punto de vista jurídico, sostuvieron que el contrato sería nulo, ya que «su ilicitud está dada por ser contrario a una norma de orden público contenida en el artículo 47 de la Constitución de la República».
En este contexto, solicitaron formalmente una audiencia con el presidente Yamandú Orsi: «Le solicitamos al Sr. Presidente de la República Yamandú Orsi que nos conceda una entrevista». Si no logran el encuentro antes de las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo, los candidatos manifestaron su compromiso de «continuar realizando junto todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance con el objetivo señalado».
Los firmantes también destacaron el respaldo de organizaciones sociales y académicas que «desde hace más de 2 décadas, nos muestran su experiencia en el camino a seguir», como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Los Tucu Tucu, la Clínica de Litigio de la Universidad de la República, los Productores Rurales de San José y la FFOSE.
- El comunicado culmina reafirmando principios constitucionales:
«El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales.»
«El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán presta dos exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.» / Fuente: Caras y Caretas
Recibí gratis las noticias en WhatsApp
