Conocé todos los detalles del “caso Albarenque”.
El canal de YouTube Perfiles De San José 2.0 es una joya que todos los josefinos deberían conocer. Cada capítulo sorprende por los sorprendentes datos históricos que muestran un San José, para la mayoría, desconocido. Hasta el momento en el canal han sido “subidos” 19 capítulos, el último de ellos dedicado a “El caso Albarenque”, en el que se recuerda un drama que conmocionó a los maragatos.
A continuación, el guion y video de una pieza tan interesante, como estremecedora.
- Fusilado en la iglesia. El caso Albarenque.
¿Sabías que el último condenado a la pena de muerte en San José tenía sólo 17 años y fue ajusticiado en el atrio de la Catedral? Corría el año 1871, en plena Revolución de las Lanzas. San José estaba ocupada por las fuerzas oficialistas al mando del general Luis E. Pérez y la situación dentro de la entonces villa de San José transcurría con bastante normalidad, salvo la actividad revolucionaria que se cumplía por parte de algunos elementos locales al estilo guerrillas.
Se trataba de jóvenes, casi niños, que debido a su escaza edad no podían alistarse en las fuerzas revolucionarias de Timoteo Aparicio, entonces llevaron adelante la lucha, a su manera. Desarrollaban tareas de vigilancia, relevamiento de contingentes, control del movimiento de tropas, hostigamiento con armas rudimentarias, a veces hasta piedras, con lo cual manifestaban su adhesión a la causa revolucionaria.
Estos muchachos tenían como líder a un joven llamado Francisco Albarenque, nacido el 17 de diciembre de 1853, hijo legítimo de don Miguel Albarenque, natural de El Salvador, y doña María López, nacida en San José. En el año 1871. Albarenque y sus compañeros dormían en un rancho, luego de haber realizado sus actividades revolucionarias en la noche. Seguramente, por alguna razón, fueron sorprendidos y detenidos, siendo trasladados a los calabozos de la comandancia.
Allí pasaron varios días, mientras se sustanciaba el juicio sumario que instruía el tribunal militar, que finalmente sentencia a muerte a Francisco Albarenque y a los demás a penas de azotes y cárcel. La noticia corrió como reguero de pólvora, y enseguida se organizó un movimiento a favor de los condenados, principalmente del joven líder. Encabezaron estas acciones un grupo de damas de San José, las que enviaron un telegrama al presidente de la República, pidiendo clemencia para el condenado.
Al enterarse de esta acción, el general Pérez ordenó que se anticipara la ejecución, que quedó fijada para la mañana del 22 de septiembre, y para dar un mensaje ejemplarizante, se dispuso que el fusilamiento tuviera lugar en la iglesia, que aún estaba en construcción. Se puso al infortunado joven contra la pared exterior, cerca de la esquina de 33. A pocos pasos se formó el pelotón, y el oficial dio la orden de fuego.
El cuerpo de Albarenque cayó acribillado, regando con su sangre los muros y piso del templo que sería consagrado años después. El cadáver fue cargado en un carromato, con orden de darle sepultura sin más trámite. Pero mientras el carromato con el cuerpo de Albarenque tomó rumbo al cementerio, los conductores se encontraron con las damas, quienes, obstruyendo el paso del vehículo, exigieron la entrega del cadáver.
El mismo fue llevado a un local, donde funcionaba un tambo contiguo a la casa del comandante José Arias, situado aproximadamente donde hoy está la Junta Electoral. Allí fue realizado el velatorio de los restos, los que fueron amortajados por la esposa del comandante Arias, doña Consolación Larriera, y otro grupo de señoras, las que previamente habían recogido en pañuelos y mantillas, la sangre vertida por la víctima en el lugar de la ejecución, a efectos de depositarla también en el féretro. Luego lo llevaron a la metrópolis y le dieron cristiana sepultura, ignorándose hoy dónde está su eterno reposo.
Así culminó ese drama que conmocionó a los maragatos hace más de un siglo, y que quedó documentado en la partida de defunción del joven revolucionario Francisco Albarenque, que se encuentra en la Iglesia de San José.
La pena de muerte fue abolida en Uruguay a través de la ley número 3.238, decretada el 23 de septiembre de 1907, durante el gobierno de Claudio Williman.
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