Los candidatos deberán demostrar que dominan los temas esenciales y ya no habrá excusas para explicar sus posiciones.
El pasado domingo 27 de octubre los electores se pronunciaron y las dudas se disiparon. Tal como lo vaticinaba la mayoría de las encuestas, no hubo sorpresas y Yamandú Orsi por el Frente Amplio, y Alvaro Delgado por la coalición republicana, medirán fuerzas el último domingo de noviembre para definir quién será presidente de la República durante los próximos cinco años, a partir de marzo de 2025.
Este partido lo ganará el que cometa menos errores y seguramente la ventaja del que finalmente resulte ganador será muy exigua, tal como ocurrió en 2019, cuando Luis Alberto Lacalle accedió a la Presidencia por una diferencia de unos 37.000 votos.
Con este escenario, serán importantes las giras y las actividades proselitistas que desarrollen los candidatos de una y otra parte, pero también será trascendente el debate público al que obligatoriamente deberán presentarse ambos postulantes.
En efecto, desde setiembre de 2019, la ley N° 19.827 establece que será obligatorio el debate entre los dos candidatos a la Presidencia más votados que no hayan alcanzado la mayoría absoluta y que se enfrentasen en un balotaje el último domingo de noviembre.
La norma determina asimismo que “el debate será transmitido en vivo y en horario central por cadena nacional de radio y televisión”, y organizado por la Corte Electoral.
“El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y todo el sistema de medios públicos del país dispondrán lo necesario para la transmisión del debate”, agrega el artículo 2.
A su vez, la duración del intercambio no podrá exceder las dos horas y deberá contar con una organización representativa de los medios de comunicación del país. Además, el trato deberá ser equitativo y parcial para con los candidatos.
“La Corte Electoral dispondrá las reglas que lo regirán y procurará hacerlo en acuerdo con los participantes y el o los moderadores”, señala.
En las elecciones pasadas se desarrolló por primera vez un debate al amparo de esta norma, luego de que Lacalle Pou, y el entonces candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, no alcanzaran la mayoría absoluta en la primera vuelta.
Así las cosas, la instancia aparece como un difícil desafío para el candidato frenteamplista, quien a lo largo de toda la campaña previa a la primera vuelta rehuyó presentarse en ámbitos a los que asistieran los restantes precandidatos, con el débil argumento de que, si accedía a concurrir, habría de estar solo para enfrentar a los otros cuatro postulantes de las demás colectividades.
El comando de campaña del postulante frentista hizo todo lo posible para blindarlo y evitar que “metiera la pata”.
Durante la campaña se hizo viral un video en el que se veía a uno de los más cercanos asesores de Orsi hacer gestos ampulosos —con los que le pedía que dejara de hablar—, cuando éste en una rueda de prensa se explayaba sobre si el gobierno del venezolano Nicolás Maduro era o no una dictadura.
Ahora las cosas serán bien diferentes. Orsi tendrá que demostrar cuál es su estatura de gobernante y ya no podrá eludir pronunciarse sobre los temas más importantes del país.
Esa instancia será de uno contra uno y ninguno podrá mirar hacia atrás para buscar el apoyo de uno de sus asesores. En esta instancia no habrá un apuntador y nadie les soplará al oído a los candidatos.
Ambos deberán dar respuestas a temas centrales para el país en materia de educación, seguridad pública, salud y, fundamental, cómo manejarán la economía del país.
Pero el candidato frenteamplista deberá dejar en claro si se gravará “el gran capital” como han demandado con insistencia numerosos sectores de su coalición, al punto de incluirlo en el programa de gobierno.
Y, lo que es más importante, si la ciudadanía deberá afrontar nuevos aumentos de impuestos, un asunto al cual su designado ministro de Economía, Gabriel Oddone, no le cerró la puerta.
No menos importante será saber qué pasará con la reforma de la seguridad social aprobada en este gobierno y que fue ratificada en un plebiscito por la población, ya que la propuesta para derogarla impulsada por el Pit-Cnt y los partidos Comunista y Socialista, entre otros, no llegó a tener un 40% de respaldo.
Es más, recientemente el jefe de campaña de Orsi, Alejandro Sánchez, dejó entrever la posibilidad de “nacionalizar” las AFAP.
No debe olvidarse además que por la endeblez mostrada por Orsi en varias apariciones públicas, en los días previos a la primera vuelta se suspendieron las entrevistas con medios de comunicación que presuntamente podían ponerlo en aprietos y que pusieron por delante pronunciar discursos ante la militancia.
Entretanto, para Delgado la instancia del debate será su principal oportunidad de dejar expuestas las limitaciones que Orsi ha ido mostrado a lo largo de la campaña electoral.
Es una batalla para la cual el candidato de la coalición republicana debe prepararse a fondo, porque en ello va gran parte del resultado de la elección.
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