Será en la sede social del Club San Rafael.
El periodista Santiago Soravilla escribió en diario El Observador: El Ministerio de Ambiente prevé realizar el jueves 3 en Rafael Perazza la audiencia pública por Arazatí, el proyecto elegido por OSE para construir una nueva planta potabilizadora.
La audiencia es una instancia obligatoria que deben sortear los promotores antes de obtener la AAP, una autorización ambiental que otorga Ambiente tras evaluar los impactos de un proyecto, y que es condición sine qua non para que comiencen las obras.
Pero por estas horas, la audiencia corre riesgo y puede tener cambios, ya que los funcionarios y técnicos de Ambiente nucleados en la Asociación de Trabajadores (Atrama) analizan tomar medidas que puedan afectarla por diferencias con la administración.
La posibilidad, según supo El Observador, se manejó el jueves en una asamblea de funcionarios sin que haya resolución. Este lunes hubo una reunión entre las autoridades y los representantes gremiales pero las diferencias persisten.
Aunque el proyecto puede resultar afectado, el motivo de la controversia tiene que ver con la “estructura organizativa” aprobada del nuevo ministerio. De acuerdo con los funcionarios, la cartera se había comprometido a participarlos en la reestructura, pero eso no está ocurriendo. A su vez, se están otorgando compensaciones a funcionarios que entraron sin concurso y fueron presupuestados.
Los representantes del gremio informarán este martes al resto de los trabajadores sobre las negociaciones y en esa asamblea se van a discutir medidas, entre las que está la no participación en la audiencia pública.
El proyecto, que sumará 200 mil metros cúbicos de agua por día al sistema metropolitano de abastecimiento fue presentado por el consorcio “Aguas de Montevideo” compuesto por Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast.
En concreto, supone la construcción de una toma de agua bruta en la zona de playa de Arazatí en San José, una planta potabilizadora próxima a la toma de agua bruta, una reserva de agua dulce en las proximidades de esta última y una tubería aductora de agua tratada que atravesaría el área protegida Humedales del Santa Lucía hasta el recalque de Melilla y desde allí hasta los tanques de Cuchilla Pereira en Montevideo.
La construcción es rechazada por diversos técnicos, que cuestionan la zona elegida por la eventualidad de que ocurran eventos de salinidad y haya cianobacterias, pero también por el Frente Amplio que rechaza que el gobierno haya privilegiado esta construcción sobre la represa de Casupá (Florida).
El gobierno, en tanto, defiende el proyecto porque permite tomar agua de una fuente diferente y asegura que hay contingencias suficientes en caso de floraciones o ingreso de agua salada.
- Plazos “desvirtúan” el sentido de la audiencia
Defendido por las autoridades, el proyecto es rechazado por diversos técnicos especializados de la Universidad de la República.
La semana pasada, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias emitió una declaración firmada por su director Daniel Panario en la que manifestó su “profunda preocupación” por la “dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnico–científicos de esta propuesta”.
A su entender, el hecho de que la convocatoria se realizara mientras estaba activa la puesta de manifiesto del informe ambiental resumen “desvirtúa” el sentido de la audiencia pública donde “deben analizar el conjunto de preguntas planteadas por la población en la etapa de manifiesto y realizar las respuestas para cada una de las observaciones y preguntas realizadas”.
“El Ministerio de Ambiente decidió obstaculizar el normal desempeño del proceso de participación de la ciudadanía en la evaluación de un proyecto que genera muchas críticas e incertidumbres en torno a su viabilidad”, agregaron.
Los promotores del proyecto, en tanto, señalan que responderán todas las consultas y que los cuestionamientos técnicos se irán contestando uno a uno con la posibilidad –incluso– de que se continúen registrando cambios en la iniciativa.
- Más información
De hecho, el viernes 27 los técnicos de Ambiente que evalúan la autorización ambiental previa emitieron una nueva solicitud complementaria, esta vez por la reserva de agua bruta –el pólder– y el sitio de disposición final de los lodos.
Concretamente, el pedido fue entregar un “análisis complementario” que aumente los márgenes de seguridad para evitar una posible afectación de las condiciones de la calidad del agua subterránea.
El proyecto original preveía un pólder con capacidad para almacenar 9 hectómetros cúbicos, pero finalmente se aprobó uno mayor, de 15 hectómetros cúbicos que tendrá reservas para 87 días.
Ese tamaño supondrá inundar 240 hectáreas a las que deben sumarse las zonas de exclusión, algo que es rechazado por productores locales que señalan que esos suelos son de la “más alta calidad del país”.
“Se cambian completamente las condiciones ambientales, muy diferentes a las de lluvia que recibe el ecosistema natural, poniendo en riesgo al acuífero Raigón, principal fuente para usos domésticos y productivos de la zona”, señala la declaración que emitieron.
Los vecinos agregaron que no había “evidencia que surja de casos comparables en el área de influencia del acuífero Raigón que permitan asegurar que no se producirán efectos negativos, que son muy lentos pero acumulativos, y muy difíciles de revertir cuando se manifiestan”.
Por último, mencionaron que se afectará el nivel freático “elevándolo y dificultando el drenaje de los suelos de cultivo en toda el área adyacente comprometiendo su aptitud agrícola”.
