Al menos 9 casos de posible explotación sexual de menores se detectaron en el Hogar Femenino de INAU.
El Pretinho y Lucas la están arrinconando, la están manoseando, la quieren tirar al colchón. La quieren violar. Maite*, que tiene 12 años, hace fuerza para evitarlo. Uno de ellos tiene un arma encima y se la acaba de mostrar. Al principio ella piensa que es enbroma.
Escucha en medio del forcejeo que su amiga Dahiana, de 15 años, intenta salir del baño, que está golpeando y tratando de abrir el pestillo, pero que la puerta está trancada. Christian no la deja salir. Él también tiene un arma.
Maite es una niña, pero se da cuenta de que están en problemas.
Llegó a esa casa de Santana do Livramento (Brasil) porque su amiga, compañera de hogar en el INAU de Rivera, le dijo a ella y a otras dos más que esos hombres les darían drogas. Las cuatro se escaparon a la noche y cruzaron la frontera. Una calle.
Es claro que Maite no va a poder con esos dos hombres, que la van a terminar tirando en el colchón. Sabe que son narcos porque ellos se lo dijeron.
Pero algo pasa que Dahiana se escapa del baño, la arranca de los hombres y se la lleva del brazo. Se van caminando de esa casa, que no tienen del todo claro de quién es ni quiénes son todos ellos, porque el encuentro lo habían coordinado por redes sociales. Sus otras dos amigas, de 12 y 17 años, habían ido a buscar hielo con otros dos hombres, El Patrón y su hermano, Junior. No habían vuelto.
En el camino Dahiana le cuenta a su amiga que en el baño ese tal Christian que acababa de conocer la había violado. Y así, sin vueltas, se lo dice también al patrullero brasileño con el que se cruzan enseguida después.
—¡Me violaron! —les enrostra.
Los policías brasileños suben a la niña y la adolescente a la camioneta y las llevan a la delegacia de Santana do Livramento. Ahí, les piden recorrer juntos la zona y que les muestren dónde pasó todo. Ellas lo hacen.
Después de identificar la casa —en una calle empedrada, un terreno al fondo con portones adelante— los funcionarios les dicen que ya pueden irse.
No les toman la denuncia.
Las bajan —las tiran— en la Plaza Internacional para que crucen de vuelta a Uruguay.
Todo esto está contado en la denuncia que Karen Sosa, la directora del Centro Femenino del INAU en Rivera, le elevó al director departamental, Enrique Guadalupe, para que se presentara ante la Dirección de Trata y Tráfico de la Policía.
Antes de volver al hogar, la niña y la adolescente pasaron por la Jefatura uruguaya y ahí sí les tomaron la denuncia.
Leticia, que había ido a comprar hielo con Mora, con el Patrón y con Junior, se aparece a las 11 de la mañana directo en la seccional. Tiene un hematoma en el brazo izquierdo pero no quiere hablar de eso. Dice que se golpeó contra la pared. Cuenta que el hombre con el que se quedó en el auto mientras esperaban el hielo quiso tener relaciones sexuales con ella, pero que se negó. También le ofreció cocaína para poder volver a entrar en la casa.
Al momento de elevar las denuncias a la dirección de Trata y Tráfico del Ministerio del Interior, Mora todavía no había aparecido.
Todo esto fue el 30 de noviembre de 2023. El caso llegó a la Fiscalía de 2° turno de Rivera, una de las tres que hay en el departamento y que atienden del mismo modo un robo, un asesinato, o una violación a las chiquilinas del INAU. La misma fiscalía que recibió este caso ya había recibido dos meses antes otra denuncia por indicios de explotación sexual que involucraba a algunas de las mismas víctimas.
Las primeras tres omisiones de esta historia aparecen acá: el INAU no pudo evitar que las niñas se escaparan de su tutela, la policía de Brasil les dio la espalda y en Rivera no hay una fiscalía especializada que le dé prioridad casos como este.
Lo que cambió entre ese día y hoy es que Maite, de 12 años, tuvo que hacerse un aborto —por un embarazo que ya cursaba y que en el hogar todavía desconocían— y fue derivada a otro hogar del Estado en el centro del país.
Dahiana no pudo abortar, aunque hubiese querido.
Hace 73 días que está muerta.
Niñas que quedan embarazadas bajo “amparo” del INAU
No se sentía bien. No era solo que estaba engripada: ahora la panza se le ponía dura, le dolía. Con 16 años, Dahiana tenía un embarazo avanzado, pero a su bebé todavía le faltaban dos meses para nacer. Notó que estaba teniendo pérdidas y eso la asustó. Se fue al Hospital de Rivera para ver qué estaba pasando.
Su cuadro, detectaron los médicos que la atendieron, era el de una adolescente que estaba empezando un trabajo de parto prematuro al tiempo que cursaba una infección urinaria. El hospital no podía atenderla allí, porque necesitaban un centro asistencial con CTI neonatológico para cuando naciera la bebé y otro CTI de adultos donde pudieran atender a la madre. La trasladaron durante cuatro horas a más de 300 kilómetros, hasta el Hospital de Salto, que cumplía con las condiciones que necesitaban tanto ella como la bebé que estaba por nacer.
Al Hospital de Salto llegó el 1° de mayo de 2024 con el cuadro que los médicos de ahí confirmaron: un embarazo de 32 semanas, prematuro, y una probable infección urinaria.
Dahiana sentía que le faltaba el aire y así se lo hizo saber a los médicos que la estaban atendiendo. La llevaron de urgencia al quirófano y enseguida le hicieron una cesárea. La bebé quedó internada en el CTI neonatológico, ella fue enviada al CTI de adultos. A las horas la pasaron a sala, pero volvió a sentirse mal. Estuvo en el hospital siete días más.
Edema pulmonar, falla renal, diálisis. Tuvo una convulsión. Hizo un paro cardíaco. Dos paros cardíacos. Tres.
Con el tercero ya no respiró nunca más.
Dahiana, con 16 años y 32 semanas de embarazo, fue la primera muerte materna del año.
Un embarazo adolescente en medio de indicios de explotación sexual, una violación, un estado de salud debilitado, consumo de drogas y 17 escapadas con compañeras del hogar sin autorización fueron todas las señales que dio Dahiana. Que el Estado llegó a detectar (y nada más).
En ASSE estudian su caso. Por ahora no detectaron fallas en la atención. Dicen que se aplicó tarde la estrategia de notificación de embarazos de menores de 15 años. La estadística muestra que una de cada cuatro niñas o adolescentes embarazadas está bajo la protección del Estado.
Omisiones cuatro y cinco: una adolescente queda embarazada bajo custodia del INAU y nadie explica a ciencia cierta cómo, al hospital llega con un embarazo poco cuidado y una salud deteriorada.
Los embarazos de Maite y de Dahiana fueron detectados cuando volvieron de la escapada del 29 de noviembre, en la que denunciaron que habían abusado de ellas. Maite ya estaba de nueve semanas.
Cuando le preguntaron cómo había pasado, dijo que había sido “un supuesto novio”, relata Sosa, la directora del Centro Femenino del INAU en Rivera, durante una visita que realizó El Observador esta semana. Quién era el “supuesto novio”: no está claro. Parecería —así lo cuentan todos, con dudas y en condicional— que era el hermano de Dahiana.
En ASSE dispusieron enseguida el traslado al Pereira Rossell en Montevideo para realizarle el aborto. En Rivera hay un solo centro asistencial que realiza abortos. No funciona todos los días ni en todos los horarios. Y no dan abasto.Dahiana no tuvo esa única suerte que necesitaba en la vida. La que nunca le tocó, ni antes, ni después.
Karen Sosa, la directora del hogar, ya había coordinado tres veces para que le pusieran a Dahiana un implante subdérmico. Ella estaba de acuerdo, pero al final no iba. En la tercera fecha se enteraron de que ya estaba embarazada.
Sosa la acompañó a todos los controles mientras estuvo bajo su amparo. Lo cuenta y lo demuestra con los documentos de ASSE. Dice que le coordinó tres ecografías y que Dahiana fue a dos. En medio del embarazo, la Justicia permitió que la adolescente volviera con su madre, que también estaba embarazada.
La cuenta que sacó la persona que leyó su examen fue que tenía 14 semanas de gestación. La ley, le dijeron, permitía los abortos hasta la semana 12. Fue así que siguió con un embarazo que no quiso. En el INAU nadie preguntó más: el aborto no se hizo.
La ley 18.987 establece que no hay plazos para interrumpir un embarazo cuando eso implica “un grave riesgo para la salud de la mujer”.
Nadie creyó que la adolescente de entonces 15 años —al amparo del INAU, que quedó embarazada de otro “supuesto novio”, que consumía drogas, que había sido violada, que había denunciado a su propia madre por violencia, que en el hogar de amparo donde vivía habían detectado como posible víctima de explotación sexual, que tenía una salud mental débil producto de su contexto— estaba en un “grave riesgo” si seguía con su embarazo.
Pero hay algo más: los números no cierran. Todos confirman en el INAU, y lo dice la historia clínica, que la bebé de Dahiana nació en la semana 32 de gestación, en la primera semana de mayo de 2024. Si ese es el dato más certero, la semana 14 fue la última de enero. El embarazo lo detectaron dos meses antes, a fines de noviembre, después de la salida no autorizada en la que la violaron.
Como sea, Leonel Briozzo, catedrático de Ginecología que estudió el caso, es categórico: si Dahiana se hubiese hecho el aborto, hoy estaría viva.
Omisiones seis y siete: el aborto que debió hacerse y no se hizo, y la Justicia que le devolvió a la madre la custodia de la adolescente, pero no controló si eso estaba, en realidad, exponiéndola otra vez.
El caso Maite: las maestras denuncian
La actitud de Maite rompía los ojos para las maestras de la escuela. La niña tenía 10 años, pero no se parecía en nada a una niña de 10 años. Iba a la escuela a veces sí y a veces no. Aparecía fumando en la puerta antes y después de entrar a clase. Llegaba con rastros de maquillaje de la noche anterior. Los lunes, si es que iba, se quedaba dormida en el salón.
Contaba que salía a bailar a Santana do Livramento. Contaba que tenía novio, pero que ya había tenido relaciones sexuales antes.
Le decía a la maestra que se preocupaba puntualmente por los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos. Nunca especificaba con quiénes tenía relaciones ni qué edades tenían. A su edad se presume que cualquier embarazo es fruto de violencia sexual.
A la maestra también le contó que su hermano la violó mientras ella dormía, cuando tenía 8 años. Él, que la vivía celando, que la controlaba, y que ahora tenía 17, vivía en una pieza en el fondo de la casa. Adelante era la casa de la madre, pero ella no estaba. Tenía esquizofrenia, volvería cuando cobrara algo de dinero.
Maite estaba viviendo en la casa de una vecina, pero la mujer decía que ya no podía con ella, que nunca aportaba a la casa, que estaba de arriba. Todo esto la mujer lo dijo cuando fue a quejarse a la escuela para notificar que no se hacía responsable si algo le pasaba. La niña, lo que pasa, sale de noche.
Maite también contó esto en la escuela: dijo que en los bailes de Santana do Livramento tomaba alcohol, que fumaba marihuana, que se lo pagaban los hombres de los bailes. “Sacamos dinero de los hombres”, dijo textualmente a la psicóloga, según quedó plasmado en el primer informe de Escuelas Disfrutables. Que no tenía más su celular porque un tal Jersen, basileño, se lo había sacado.
Dijo que los de la seguridad del baile eran los que la protegían. Que cuando salía de noche a veces terminaba metida en peleas.
Las maestras notaron que en la escuela se aparecía con billetes de alto valor. “Empecé a sacar plata de mi madre para comprar cosas para la casa”, justificó ante la maestra. Dijo que era para ayudar económicamente en lo de la vecina, que lo hizo por su cuenta. Que la plata no era por haber mantenido relaciones sexuales, que nunca recibió nada a cambio de eso. Ya era consciente entonces que había cosas que no tenía que decir.
La cuenta, para las maestras, era dos más dos: mucha producción en la vestimenta, maquillaje, celular (que después le sacaron), cigarrillos, plata que no logra explicar de dónde proviene. Que va a la plaza General Osorio de noche, en Santana do Livramento, que todos saben que es peligroso para los niños. Que va a bailar, toma alcohol, y hay hombres que la protegen.
Después de un segundo informe de Escuelas Disfrutables, un año más tarde, Maite finalmente quedó al amparo del INAU. Nada de esto, sin embargo, se frenó en su nuevo hogar: siguió escapándose, siguió cruzando a bailar a Santana do Livramento, siguió viendo hombres. Quedó embarazada, intentaron violarla, se hizo un aborto.
El INAU, dos meses después, y a raíz de todo esto, la trasladó a otro departamento del interior.
Hubo otra niña que fue trasladada a otro departamento. Tenía la misma edad que Maite. Ella, sin embargo, decía que tenía “un supuesto novio” de más de 60 años. Ese “supuesto novio” —las autoridades del hogar de Rivera hacen hincapié en la fórmula: «supuesto» siempre antecediendo a «novio»— era conocido de la madre. La niña tenía padre, pero no le dieron la tenencia porque había antecedentes de violencia.
Omisión ocho: entre la primera denuncia de Escuelas Disfrutables y la medida de amparo para que Maite se mudara a un hogar del INAU pasó más de un año.
*Los nombres de las niñas y adolescentes que aparecen en esta nota son ficticios. El de los denunciados y otros datos sobre ellos son los que aparecen en expedientes fiscales, en denuncias internas del INAU, y en documentos de Escuelas Disfrutables.
Fuente: El Observador
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