Álvaro Fernández intervenía en la confección de documentos para obtener la ciudadanía uruguaya y el pasaporte, recepcionaba los pagos y realizaba gestiones.
El escribano del caso Astesiano, Álvaro Fernández, fue condenado este jueves en un acuerdo abreviado con la Fiscalía a una pena de 24 meses de prisión por un delito continuado de suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir.
Fernández cumplirá la pena con 11 meses y 14 días de cárcel de cumplimiento efectivo y el plazo restante en régimen de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar servicios comunitarios por 6 horas semanales durante un plazo de 3 meses. También tendrá cierre de fronteras mientras dure la pena.
En tanto, su pareja fue condenada como coautora de un delito continuado de suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, en calidad de autora, a 22 meses prisión.
La mujer deberá cumplir 10 meses y 23 días de cárcel efectiva y el plazo restante en régimen de libertad a prueba en las mismas condiciones que su pareja, pero con una carga de servicios comunitarios menor, 4 horas semanales.
La investigación de la Fiscalía logró establecer que el escribano intervenía en la confección de documentos tendientes a crear estados civiles falsos para que ciudadanos rusos pudieran obtener la ciudadanía natural uruguaya y así el pasaporte. También recepcionaba los pagos y realizaba gestiones, tanto en Identificación Civil como en la Dirección de Registros del Estado Civil.
En tanto, la pareja estaba autorizada a realizar algunos de los trámites y a actuar como apoderada, creando empresas para así generar residencia o domicilio en el país, indica el dictamen fiscal.
De la indagatoria realizada, se desprende que la maniobra se venía realizando al menos desde 2015. El escribano recibía pagos de hasta 10.000 dólares por los trámites. Además, se detectó casos que incluían pagos a testigos falsos para el reconocimiento del estado civil.
