Representantes del Consejo Nacional de Diversidad Sexual presentaron en la Junta Departamental el anteproyecto de ley integral para las personas trans.
El Director Nacional de Promoción Sociocultura del MIDES, Federico Graña, dijo que la norma está dirigida a atender la realidad de algo menos de 1000 personas que se encuentran en situación de «extrema vulnerabilidad».
De acuerdo a datos emanados de un censo llevado a cabo el año pasado, dentro de ese colectivo el desempleo llega al 30 por ciento. Asimismo, el 90 por ciento de las mujeres trans ha ejercido o ejerce la prostitución.
Por otra parte, el ingreso mensual promedio es de 7600 pesos, pero si la persona tiene más de 51 años, desciende a 3600. «Con eso tiene que vivir una persona trans en el Uruguay», enfatizó en Director.
En materia educativa el panorama no es más favorable: un 32 por ciento no hizo más que Primaria, un 34 por ciento cursó hasta Secundaria; quienes llegaron a la educación terciaria apenas superan el 8 por ciento.
«Además, la edad promedio de abandono del hogar se ubica entre los 16 y los 17 años. Todo esto por vivir una identidad distinta a la del sexo biológico. Y todo esto es lo que explica el anteproyecto», recalcó.
Para Graña «ante este escenario el Estado debe dar una respuesta porque no se están cumpliendo los más mínimos preceptos constitucionales de igualdad».
Entre otras acciones, la ley propone que un 2% de las becas de estudio que otorga el Estado estén destinadas a las personas trans así como el 1% en todos los llamados laborales.
También que los tratamientos de hormonización y parte de los cosos de las intervenciones de cambio de sexo corran por cuenta del Estado.
Del mismo modo establece el pago de una prestación reparatoria -equivalente, aproximadamente, a una jubilación mínima, para aquellos trans nacidos antes de 1975 que puedan demostrar que fueron víctimas de persecución por parte del Estado.
Graña dijo que el proyecto comenzará a ser estudiado por el Parlamento en los primeros días de noviembre.
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